Desafíos, tecnología, mercado, cooperativas y contexto sindical
Informe técnico
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: diciembre 2025
Informe: Seguridad Privada en Argentina – Desafíos, Tecnología, Cooperativas y Contexto Sindical
1 Panorama general
La seguridad privada es un sector crucial en Argentina, tanto por su dimensión económica (empleo e inversión) como social (complemento de la seguridad pública, percepción ciudadana). Está regulada por leyes provinciales, convenios colectivos de trabajo, y regulaciones específicas según jurisdicción. En los últimos años, se han incrementado las demandas de modernización normativa, profesionalización, mayor uso de tecnología, y mejoras en condiciones laborales.
Al mismo tiempo, surgen tensiones entre empresas formales, cooperativas, sindicatos y Estado, especialmente en torno a la informalidad, el cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales, el uso de nuevas tecnologías, y capacitación del personal.
2 Desafíos actuales
Aquí se describen los principales desafíos que enfrenta hoy el sector por área:
Convenio colectivo de trabajo desactualizado, arcaico, incompleto, poco claro tanto para el trabajador como para el empresariado y observado; Cooperativas de seguridad que funcionan como empresas (“pseudo‑cooperativas”) eluden obligaciones legales, generando una competencia desleal, que básicamente son formas jurídicas que permiten evadir cargas laborales/sociales; y operan sin cumplir convenios, o acceden a exenciones fiscales indebidas, mientras las empresas formales asumen costos más altos.
a) Tecnología:
El sector enfrenta una transición desde un modelo “vigilancia + respuesta” hacia un esquema data-driven de prevención, detección temprana y continuidad operativa, impulsado por:
- Analítica de video e IA (detección de intrusiones, comportamiento, conteo, loitering, objetos abandonados, etc.).
- Convergencia físico–digital: el servicio de seguridad hoy depende de infraestructura TI/IoT, redes, nube y ciberseguridad.
- Mayor sensibilidad regulatoria y reputacional por privacidad, biometría y videovigilancia.
- Nuevas redes (incluida conectividad privada para entornos industriales) y “edge computing” para baja latencia.
- Escasez de talento (operadores, analistas, técnicos, integradores) y presión por eficiencia
b) Logística y costos operativos:
En Argentina, la presión sobre el OPEX de seguridad privada se explica por una combinación de:
- Estructura de costos intensiva en mano de obra (guardias, supervisión, ausentismo, horas extra, recargos, viáticos), con ajustes periódicos por acuerdos salariales del CCT del sector.
Movilidad y logística (combustible, peajes, mantenimiento, seguros, financiamiento, disponibilidad de unidades) en un contexto donde el costo del transporte y el gasoil / nafta han mostrado incrementos relevantes durante 2025., Movilidad de custodios, vehículos y la dificultad jurisdiccional (falta de un marco nacional), transporte al sitio, armamento y materiales balísticos complementarios, uniformes, comunicaciones. Distribución geográfica dispar: zonas urbanas vs rurales, accesos, distancias. Coordinación con fuerzas de seguridad pública, emergencias, falta de protocolos de respuesta rápida.
- Inflación con asimetría: los servicios (donde se encuadra gran parte de tu operación) han crecido por encima de bienes, afectando estructura de gastos, insumos y contratos.
- Exigencia de SLA (cobertura 24/7, reemplazos inmediatos, trazabilidad, auditoría) que encarece la logística “de última milla” y la supervisión.
Costo laboral “real” (más allá del básico)
En la práctica, el costo laboral operativo se explica por 6 componentes:
- Dotación base (horas hombre por puesto / servicio).
- Adicionales y no remunerativos (según estructura salarial vigente del sector).
- Ausentismo y cobertura: el “backfill” (reemplazo) suele empujar horas extra, recargos y traslados.
- Rotación: selección, alta, uniformes, inducción, baja productividad inicial.
- Supervisión: jefatura, supervisores, control de calidad, auditorías y sanciones.
- Riesgo laboral: incidentes en servicio, licencias, litigios y costo de administración.
- Costos regulatorios: habilitaciones, seguros, cumplimiento normativo, auditorías, sanciones posibles, cargas impositivas elevadas.
- Inflación y tipo de cambio: tecnologías importadas, componentes, repuestos, hardware, licencias, infraestructura, mantenimiento, actualización, seguridad informática. muchas veces dependientes del dólar.
- Equipamiento: uniformes, chalecos balísticos y anti trauma, armas (si corresponden), material de comunicación, cámaras, sensores. altos costos de reequipamiento y actualización.
Nuevo desafío: clientes más exigentes en continuidad de cobertura y reportes; la cobertura de ausencias ya no se resuelve “con disponibilidad”, sino con planificación y stock de dotación, lo que sube el OPEX si no se gestiona con precisión.
Costos operativos y financieros
c) Formación y profesionalización:
La profesionalización del sector en Argentina enfrenta tres fuerzas simultáneas:
- Exigencia normativa y habilitante (formación inicial y/o certificación) con marcos nacionales o provinciales heterogéneos: por ejemplo, en PBA la Ley 12.297 exige “título de la especialidad” para desempeñarse como personal de vigilancia, y existen planes de estudio oficiales para el curso básico de vigiladores; en CABA la Ley 5688 regula la capacitación y la autoridad de aplicación define criterios e institutos habilitados, incluyendo lineamientos públicos sobre capacitación.
- Escalada de riesgo operacional y reputacional: un servicio con baja formación hoy se traduce en incidentes, sanciones, pérdida de contratos y litigios.
- Cambio del “perfil de puesto”: el vigilador/supervisor ya no es solo presencia disuasiva; requiere competencias en procedimientos, prevención, atención al cliente, reportabilidad, coordinación con fuerzas públicas, y manejo de incidentes. El propio texto del convenio sectorial reconocen la necesidad de capacitación inicial y permanente.
- Formación básica: normativa laboral, protocolos de emergencia, derechos humanos, primeros auxilios, uso de armas (cuando corresponde).
- Capacitaciones específicas en tecnologías: uso de software, ciberseguridad, manejo de datos, reconocimiento de imágenes, protocolos de privacidad.
- Desarrollo de habilidades blandas: trato con clientes, comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo.
- Programas de certificación, auditorías, estándares privados o institucionales (por ejemplo, normas ISO, certificaciones de seguridad).
- Retención del personal: mejorar condiciones, estabilidad, reconocimiento, planes de carrera.
d) Regulación y control estatal:
El régimen regulatorio argentino de seguridad privada está caracterizado por:
- Fragmentación territorial: la actividad se regula principalmente por leyes locales/provinciales (por ejemplo, PBA Ley 12.297; CABA Ley 1.913), con requisitos, definiciones y autoridades de aplicación distintas.
- Obsolescencia normativa relativa: buena parte de estas normas nacieron para un modelo de “vigilancia humana” y luego incorporaron parches (p. ej., vigilancia electrónica, armas), pero no absorben plenamente el cambio tecnológico (analítica de video, biometría, nube/edge, continuidad y ciber).
- Vacío de estandarización federal: existen proyectos de ley para un marco nacional/federal o interjurisdiccional, pero sin consolidación uniforme; ello deja brechas para operadores que “arbitran” jurisdicciones y para clientes con operación multi-sede.
- Tensión “empresa tradicional vs cooperativa”: en algunas jurisdicciones se observan cooperativas habilitadas para prestar servicios, y el control efectivo sobre trazabilidad laboral, idoneidad y solvencia operativa se vuelve un punto crítico de política pública y competencia desleal.
- Creciente exposición por datos y tecnología: la videovigilancia y el tratamiento de imágenes son datos personales; la AAIP exige deberes de información y ha actualizado requisitos de cartelería; además, existen lineamientos de IA responsable en clave de transparencia y protección de datos.
- Armas: la actividad armada exige interoperar con el ANMaC (legítimos usuarios, portación, idoneidad y categorías colectivas/individuales), lo que agrega complejidad documental y de auditoría.
La legitimidad del sector hoy se ve tensionada por una dinámica “doble”:
- Crecen las exigencias de clientes y reguladores en trazabilidad, documentación, derechos laborales, uso de fuerza, datos personales y cumplimiento.
- Persisten bolsillos de informalidad: prestadores no habilitados, subcontratación opaca, esquemas de evasión y entidades que operan por debajo de costo, lo que alimenta denuncias y pérdida de confianza.
Esto genera un riesgo central para empresas formales: pagar el costo del estándar mientras se compite con estructuras de bajo enforcement, y al mismo tiempo soportar el daño reputacional “por arrastre” del sector.
En términos regulatorios, existen herramientas públicas que refuerzan el concepto de trazabilidad (p. ej., registros públicos de empresas y personal habilitado en CABA) y evidencias de sanciones por contratar seguridad privada no habilitada en PBA, lo que confirma que el riesgo reputación se convierte rápidamente en riesgo legal/comercial.
- Competencia desleal de pseudo‑cooperativas y empresas de dudoso funcionamiento y complicidad de los estados provinciales.
Este es un tema central. Algunos puntos clave a tener en cuenta:
3.1 ¿Qué se entiende por “pseudo‑cooperativa”?
Aquellas entidades que tienen forma de cooperativa de trabajo, pero operan como empresa: los “socios” son empleados en la práctica, no participan democráticamente en la misma, no se realizan asambleas realmente con la participación de la totalidad de los asociados, no se aplican los principios cooperativos básicos. SUTCA las ha denunciado fundadamente como forma de precarización y fraude laboral.
Uso de la figura cooperativa para eludir obligaciones del empleador: cargas sociales, cumplimiento del convenio colectivo, pago de nocturnidad, horas extras, licencias, falta de vacaciones, aguinaldo, etc.
3.2 Escala del problema
Hay denuncias de al menos 17 cooperativas de seguridad privadas identificadas por SUTCA y que agrupan cerca de 5.000 trabajadores bajo condiciones que el sindicato califica de fraudulentas y totalmente precarizadoras.
El INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) no define su operatividad pese a que en su totalidad (prácticamente) están vinculadas con serias irregularidades.
3.3 Consecuencias negativas
Para los trabajadores: precariedad, falta de derechos básicos, jornadas extenuantes, riesgo físico y legal, falta de estabilidad.
Para empresas formales: desventaja competitiva, pues aquellas que cumplen con todas las normativas, cargas sociales y salariales tienen costos mucho mayores, lo que encarece sus servicios.
Para el Estado: pérdida de recaudación fiscal, debilidad del control regulatorio, irregularidades que dañan la legitimidad del sector.
Servicio al cliente: menor calidad del servicio, vigilancia menos profesional, alta rotación de personal, incumplimiento de protocolos por exceso de tareas, poco mantenimiento, etc.
3.4 Posturas encontradas
SUTCA sostiene con fuertes fundamentos empíricos que las cooperativas son fraudulentas y configuran una “estafa laboral” y que se debe intervenir con sanciones, clausuras o cancelación de matrícula.
En algunas jurisdicciones se han iniciado modificaciones legales para clarificar la habilitación, los estándares, la inclusión de cooperativas, y los controles (pero no soluciona el problema de fondo). Ejemplo: la ley sancionada en Mendoza recientemente ( Ley 9578, sancionada en octubre de 2024 y reglamentada en febrero de 2025), que regula la seguridad humana, interna y tecnológica, incluyendo provisiones para todas las entidades prestadoras de seguridad privada.
f) Tendencias y tecnologías emergentes
f.1 Inteligencia Artificial y análisis predictivo
El Estado nacional ha creado la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad para monitorear redes sociales, sitios web, dark web, y detectar riesgos con anticipación (RESOL-2024-710-APN-MSG, Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2024). Esto sirve como base para el desarrollo en el sector de la seguridad privada.
La IA usada en sistemas de vigilancia, procesamiento automático de video, detección de anomalías, reconocimiento facial, alertas tempranas, conlleva mejoras potenciales en eficacia, pero también plantea riesgos legales, de privacidad, de sesgo, de seguridad de datos. IA y analítica avanzada (del “monitoreo” a la “verificación y predicción”)
Evolución desde analíticas puntuales (movimiento) hacia clasificación de objetos, comportamiento, anomalías y priorización de eventos
f.2 Software, monitoreo, IoT
Desarrollo de infraestructura de comunicaciones seguras, respaldos de energía, redundancias con Arquitecturas híbridas y “edge computing”
El patrón dominante es híbrido: mantener control local donde se necesita latencia/continuidad, y usar nube para escalabilidad, acceso remoto, actualizaciones y analítica
Importancia creciente del software de gestión (turnos, reportes, incidentes), dashboards de supervisión, apps móviles para supervisores, guardias y clientes, control de acceso, cámaras conectadas, sensores, alarmas remotas, geolocalización.
Ciberresiliencia como requisito del servicio: La industria está priorizando “cyber resilience” y alineando seguridad física con IT (segmentación, hardening, MFA, logging, respuesta a incidentes.
Interoperabilidad y estándares (evitar lock-in): Crece la demanda por estándares para integrar cámaras, VMS, analítica y control de accesos. ONVIF consolida perfiles para video, streaming y metadatos (relevante para analítica e IA).
Plataformas de integración (PSIM / “single pane of glass”): La integración de múltiples subsistemas (CCTV, accesos, intrusión, IoT, comunicaciones) empuja plataformas PSIM/command-and-control y automatización de flujos de incidentes.
Biometría, identidad digital y control de acceso “sin fricción”: Tendencia a biometría (rostro, palma, etc.) y credenciales móviles, pero sube exposición regulatoria y reputacional.
Conectividad avanzada (5G / redes privadas, IoT masivo): Aumenta el rol de conectividad de baja latencia para video, sensores y movilidad; en LATAM y Argentina se discute 5G como habilitador del ecosistema.
3 Proyección futura
La seguridad privada en la República Argentina atraviesa un momento de inflexión histórico. La convergencia entre transformación tecnológica, presión regulatoria, exigencias sociales de legitimidad y cambios profundos en el mundo del trabajo está redefiniendo de manera estructural la actividad.
Necesidad de una normativa más rigurosa, especialmente para cooperativas y empresas sin respaldo y de dudosa reputación, para definición clara de quiénes pueden prestar seguridad privada, bajo qué condiciones, con qué controles… Una ley nacional de seguridad privada.
Regulación del uso de IA, reconocimiento facial, drones, robots, software de vigilancia, etc… para evitar abusos, proteger privacidad, establecer estándares éticos.
Mayor automatización, software cada vez más sofisticado, integración de sistemas públicos y privados.
Posible consolidación de empresas más grandes, asociaciones estratégicas, fusiones, alianzas con otras tecnológicas.
Aumentar requisitos mínimos de capacitación, formación continua y plan de carrera en la actividad donde se contemple cada uno de las ramas de la seguridad.
Un nuevo CCT actualizado que contemple las nuevas tecnologías, requerimientos actuales y futuros, con un programa de profesionalización de la actividad, con un marco jurídico claro y multi jurisdiccional y más equitativo para partes.
Mayor visibilidad de los sindicatos en negociaciones, fiscalización, auditorías, y presión para cumplir derechos laborales básicos y achicar el mercado.
4 Recomendaciones:
A partir de este análisis, algunas sugerencias de políticas, estrategias o medidas que podrían mejorar el sector:
1. Clarificación legal y normativa para cooperativas
Definir claramente qué condiciones debe cumplir una cooperativa para prestar servicios de seguridad privada: democracia interna, participación real, responsabilidades fiscales, sociales, cumplimiento de convenios colectivos.
Establecer sanciones efectivas, cancelaciones de matrículas, multas, clausuras si no se cumplen estos requisitos.
2. Fortalecer los mecanismos de control e inspección
Aumentar recursos para la Secretaría de Trabajo, INAES, autoridades provinciales, para fiscalizar cooperativas y empresas fraudulentas del sector.
Creación de registros públicos nacional y transparentes de empresas, cooperativas habilitadas y empresarios, con información sobre cumplimiento laboral, sanciones, antecedentes.
3. Modernización normativa respecto de tecnología y privacidad en seguridad privada
Ley de regulación del uso de reconocimiento facial, uso de drones, IA en el ámbito de la seguridad privada.
Estándares de transparencia de algoritmos, responsabilidad por fallas, medidas de mitigación de sesgos.
4. Incentivos para formalización y profesionalización
Incentivos fiscales temporales para empresas genuinas que formalizan, se capacitan y cumplen con estándares.
Programas de capacitación en tecnología, gestión, derechos laborales.
5. Mejora de los convenios colectivos y condiciones laborales
Revisión del convenio para adaptar jornadas claras, con compensaciones tales como nocturnidad, salud y seguridad ocupacional, licencias ordinarias y extraordinarias, tiempo de almuerzo, cena o refrigerio, estabilidad vía subrogación de contratos en casos de cambios de empresas en los servicios que beneficia a las partes en caso de pérdida de servicios.
Mejorar diálogo entre sindicatos, empresas, cámaras, Estado, para que los acuerdos sean sostenibles.
6. Inversión tecnológica y mejora de calidad de servicio
Apoyo público‑privado para acceso a tecnología (software, hardware, conectividad).
Certificaciones de calidad, auditorías técnicas, estándares del cliente (empresas, municipios, barrios) que exijan cumplimiento y sean pasibles de sanciones en caso de no controlar.
7. Concientización social y transparencia: Informes públicos, rankings, campañas que difundan qué empresas cumplen y cual no.
8. Promover responsabilidad social empresarial.
5. Conclusión
La seguridad privada en Argentina está en un momento de tensión: mucha demanda de profesionalización, pero poca o nula voluntad empresarial y estatal para tal fin (solo algunas empresas asumen ese compromiso), mayor demanda tecnológica, normativa desactualizada que requiere de forma urgente una actualización y reglamentacion, desafíos macroeconómicos, y fuerte presión sindical para que se respeten derechos laborales. La existencia de pseudo‑cooperativas representa uno de los nudos centrales del problema: socava derechos de los trabajadores, distorsiona competencia con empresas formales, y debilita la legitimidad del sector.
El futuro pasa por regulaciones claras, fuerte control estatal nacional y provincial, inversión en tecnología y capacitación, reconocimiento del papel de los sindicatos como actores esenciales en la regulación de la actividad, y esquemas que permitan formalidad sin estrangular la rentabilidad de empresas que deben cumplir estándares altos.
En este punto tanto la cámara CAESI como las demás cámaras que integran la actividad, deben jugar un papel más que importante, asumiendo un rol con compromiso y seriedad en cuanto a la ETICA EMPRESARIAL, impidiendo por todos los medios legales el funcionamiento de las cooperativas y las empresas fraudulentas que socaban la actividad. Para así depurar el mercado que tan dañado se encuentra por éstas.
En síntesis, el presente informe ha permitido abordar los aspectos más relevantes del tema tratado, evidenciando tanto los avances como los desafíos que aún persisten. A partir del análisis realizado, se desprenden líneas de acción concretas que pueden orientar futuras decisiones y contribuir al fortalecimiento de las estrategias implementadas. Queda en manos de los actores involucrados transformar estas conclusiones en oportunidades de mejora, con el compromiso de seguir construyendo soluciones sostenibles y eficaces.